ALEJO VIDAL-QUADRAS (28-06-2014)
En la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, el ministro de Hacienda sometió a la consideración de las Comunidades Autónomas un objetivo de déficit del 1% para este año. Como era de esperar, Andalucía y Cataluña votaron en contra, las forales se abstuvieron porque en nuestro Estado asimétrico esta guerra no va con ellas, y las demás pasaron por el aro.
En cualquier caso, el resultado del encuentro es irrelevante porque al final todas harán lo que les venga en gana y el Gobierno central carece de medios efectivos para hacer que cumplan y si los tuviera tampoco se atrevería a utilizarlos. Mientras, la deuda seguirá aumentando y aunque su peso en el PIB ha bajado gracias a la edificante medida de introducir la prostitución en el cómputo de la riqueza nacional su volumen absoluto cada vez pesará más sobre nuestro futuro.
El Gobierno sigue negándose a admitir que cualquier reforma fiscal que aspire a animar la economía y el empleo que no vaya acompañada de una decidida reducción del gasto público será siempre un simple ejercicio de marear la perdiz presupuestaria. Solamente si se bajan las salidas se está en condiciones de reducir las entradas para que las empresas y las familias dispongan de más capacidad de ahorro, inversión y consumo.
Nuestra estructura territorial es absurda, ineficiente, irracional, disfuncional y divisiva
El nuevo impuesto sobre depósitos bancarios es otro despropósito en un país en el que el problema es el exceso de endeudamiento, lo que a su vez exige mejorar el ahorro. Medidas que lo desincentiven son, por tanto, notoriamente contraproducentes. Otra asignatura pendiente para alegrar el mercado de trabajo es la bajada de cotizaciones sociales, largamente reclamada por organismos internacionales, servicios de estudios y expertos diversos.
Pero tampoco será posible sin una vigorosa reducción del gasto de las Administraciones. Montoro ha dicho que no es momento de emprender una reforma del sistema de financiación autonómica porque el clima político no lo permite. Esta muestra de clarividencia es sólo parcial, si se tiene en cuenta que no se trata únicamente de las tensiones centrífugas provocadas por los separatistas, sino que las dificultades son intrínsecas al propio edifico constitucional. Nuestra estructura territorial es absurda, ineficiente, irracional, disfuncional y divisiva, y nos ha conducido irremediablemente al fracaso.
España eligió un camino de descentralización política extrema en 1978 que la ha llevado al colapso financiero y a la descomposición política. Hasta que no se reconozca este hecho hoy ya innegable, nuestros males no encontrarán remedio. Necesitamos un Estado unitario con descentralización meramente administrativa acompañado, eso sí, del reconocimiento de rasgos diferenciales culturales y lingüísticos. Todo lo demás es prolongar la agonía y acumular lastre para las generaciones venideras.
